Enrique Ortúzar Escobar


(Santiago, 7 de noviembre de 1914 - Santiago, 26 de febrero de 2005) fue un jurista, académico y político chileno, ministro de Estado durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez.


Cursó sus estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chile.Alumno aventajado en su generación, obtuvo el Premio Tocornal, el cual distingue al mejor egresado de la promoción en esa facultad de derecho. Autor de una memoria de grado sobre la inobservancia de la ley en relación con los actos jurídicos, con posterioridad ocupó una cátedra de derecho civil en esa casa de estudios.

Trabajó en el Senado chileno, concretamente en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Con posterioridad, el presidente Alessandri Rodríguez lo llamaría a ocupar los cargos de secretario general de Gobierno y de ministro de Estado en diversas carteras (Interior, Justicia y Relaciones Exteriores).

En 1970 formó el Movimiento Alessandrista Independiente en apoyo a la candidatura presidencial del ex mandatario de ese mismo año.

Tras el golpe de estado de 1973, colaboró con la junta militar liderada por el general Augusto Pinochet, siendo tempranamente llamado a presidir la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, conocida habitualmente como Comisión Ortúzar.

En esa instancia hizo gala de su pensamiento conservador, instando por una visión particular de la democracia, protegida contra los peligros que la derecha chilena atribuía al marxismo, o reflotando reformas que no habían podido adoptarse durante el gobierno de Jorge Alessandri, como la integración del Senado por miembros no electos por voto popular.

Integró, además, el Consejo de Estado, encargado de revisar la obra de la Comisión Ortúzar.

A partir de 1982 y por un lapso de ocho años, fue miembro del Tribunal Constitucional instituido por la Constitución de 1980, a quien le corresponde velar por su recta aplicación.

Actividades

I. Preguntas reflexivas:

1.- ¿Conoces a alguien que tenga algún familiar que haya sido victima de la vulneración de los derechos humanos durante la dictadura militar?

2- ¿Cual es tu opinión frente a los abusos cometidos?

3.- ¿Cómo crees que se pueda lograr la reconciliación nacional, sin olvidar lo sucedido, pero mirando un futuro en común?


II. Propuesta de actividad para rescatar la memoria colectiva de Chile.

Genera una propuesta de alguna actividad o proyecto que pretenda rescatar la memoria de lo que aconteció en los años de la dictadura, con los derechos humanos, resguardando que este proyecto apunte a recordar lo sucedido y rendir homenaje a quienes fueron cobardemente asesinados, encarcelados y torturados, sin seguir acumulando odios y procurando que constituya un aporte hacia la reconciliación nacional.

III. Quiz

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Artículo 19

1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.



2. La igualdad ante la ley.



3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica.



4. El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia.



5. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.



6. La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público.



7. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.



8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.



9. El derecho a la protección de la salud.



10. El derecho a la educación.



11. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales.



12. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deber ser de quórum calificado.


13. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.



14. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.



15. El derecho de asociarse sin permiso previo.


16. La libertad de trabajo y su protección.


17. La admisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.



18. El derecho a la seguridad social.



19. El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley.



20. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas.


21. El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen.



22. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica.



23. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare así.


24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.


25. La libertad de crear y difundir las artes.



26. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Conclusiones

Con lo anteriormente planteado se busca instar al Estado Chileno a respetar los textos de los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales de los que Chile forma parte, buscando nada mas ni nada menos que “verdad justicia y reparación integral.

Sin duda el quiebre de la democracia y de las bases de nuestra convivencia se produjo en medio de tormentas políticas e ideológicas que no fuimos capaces de controlar. La ruptura de la institucionalidad y la instauración de la arbitrariedad y el terror fueron la consecuencia de esos errores colectivos e individuales.

Hoy podemos mirar con serenidad nuestro pasado. Estamos construyendo una democracia cada día más sólida y bregando por el progreso y la justicia social, que son la base de una nación cohesionada. Estamos buscando recuperar la necesaria armonía entre la sociedad y sus instituciones armadas. Tenemos la fortaleza suficiente para transformar el dolor en memoria y la memoria en unidad nacional, en futuro compartido.


Comisiones y Reparaciones tras la violación a los Derechos Fundamentales del hombre.

Para restablecer la convivencia nacional, gravemente afectada por las violaciones a los derechos humanos, durante el gobierno del Presidente Aylwin se formó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrada por destacadas personalidades de diferentes posiciones políticas.

Esta comisión elaboró un informe, conocido como el Informe Rettig, por el nombre del jurista Raúl Rettig, que la presidió, basado en el análisis de los testimonios recogidos en todo el país sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Gracias a su labor, fue posible establecer en gran medida la verdad sobre los compatriotas que murieron como consecuencia de la violencia política, y certificar más allá de toda duda el drama de los detenidos desaparecidos. De acuerdo con el informe, las víctimas eran 2.279, de las cuales 164 fueron consideradas por la comisión como víctimas de la violencia política y 2.115, de las violaciones a los derechos humanos.



El 12 de agosto de 2003 Ricardo Lagos dio a conocer al país la propuesta sobre Derechos Humanos. Señalando entonces que era inmenso el sufrimiento de las víctimas, de quienes fueron detenidos y encarcelados por razones políticas, la mayoría torturados. Independientemente de las ideas que cada uno profese, esos compatriotas merecen el respeto de todos los chilenos, para lo cual se decidió crear una Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que fuera capaz de determinar el universo de quienes sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Es un documento en el que se recogió el testimonio de 35.865 personas residentes en Chile y el extranjero.

La elaboración de este Informe constituye una experiencia sin precedentes en el mundo, pues re-construye – 31 años después- un cuadro completo de la tremenda abyección que vivió nuestra patria, y busca crear las condiciones para recomponer nuestra memoria colectiva. Representa un acto de dignificación de las víctimas y un empeño por sanar las heridas de nuestra alma nacional.

La Comisión Valech, Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que con la recepción de testimonios, de los sobrevivientes, vino a develar, parte del horror cometido por la Dictadura, decenas de miles de personas, no lo hicieron por falta de información y otros, simplemente, por miedo, se genero a través de está Comisión, una serie de propuestas, que no fueron acogidas por el gobierno y se envío al Parlamento, un Proyecto, amarrado previamente con las bancadas de la Concertación y la Derecha y se aprobó aceleradamente, una Ley “de Reparación, Austera y Simbólica”en menos de 48 horas, que saldaba una deuda pendiente, dejando la impresión, a la opinión pública, que a los Ex Presos Políticos, se les entregaba: dinero, casas, becas de estudio, salud gratuita y tratamientos adecuados, etc.


La situación de los partidos políticos














A pesar del autoritarismo del general Pinochet y de su deseo de continuar en el poder, su ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, comenzó a dialogar con ciertos sectores de la oposición, la cual estaba liderada por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, el que había iniciado un proceso de renovación de sus ideas.

Como consecuencia de estos acercamientos, se pudo organizar la agrupación política Alianza Democrática, AD, que fue dirigida por estos mismos partidos, además de ser integrada por otros que estaban proscritos por el régimen militar.

Por su parte, la derecha constituyó otros partidos políticos, tales como la Unión Demócrata Independiente, UDI, liderada por Jaime Guzmán, y Renovación Nacional, RN.

Posteriormente, en 1987, se promulgaría la ley Orgánica de los Partidos Políticos, que legalizaría definitivamente su existencia. Además, un año antes, se había aprobado la ley que reinstalaba los registros electorales, fundamentales para que los ciudadanos pudieran votar.

Como en 1988 se cumplían los ocho años de mandato del Presidente Pinochet, el gobierno militar convocó a un plebiscito donde la ciudadanía determinaría si el Primer Mandatario continuaba gobernando por ocho años más o no.

Por el Sí estaban los partidos RN, la UDI, Avanzada Nacional, el Partido Liberal, la Social Democracia, el Partido del Sur y diversos grupos de apoyo al régimen militar.

Por la opción del No se inclinaba la Concertación de partidos por el No, luego conocida como Concertación de Partidos por la Democracia, agrupación formada por 16 partidos y grupos opositores al gobierno. El 56 por ciento de los votantes eligió la alternativa del No, mientras que un 44 por ciento estaba por el Sí. De esta manera, el general Pinochet mantendría la presidencia hasta marzo de 1990, y solo quedaría como Comandante en Jefe del Ejército hasta 1998.

Este resultado también significó realizar reformas a la Constitución de 1980: disminuir a cuatro años el primer período presidencial, modificar el artículo octavo de la Constitución sobre la prohibición política, aumentar el número de senadores elegidos democráticamente y modificar la composición del Consejo de Seguridad Nacional.

Tras la vuelta a la democracia se busca la reparación a toda la violencia que inundo a nuestro país durante la dictadura militar, para lo cual se comienzan a crear instancias de conversación y comisiones preocupadas del tema de los Derechos Humanos y las violaciones que estos derechos sufrieron en el gobierno del general Pinochet.

Desarrollo


La Constitución del ’80 estableció un sistema presidencialista de gobierno, creó un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Primer Mandatario e integrado por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Presidente del Senado y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.













También consignó la creación de los senadores designados, la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y el sistema electoral binominal. Además, estableció que el Presidente en ejercicio se mantendría en el poder hasta 1988.



En cuanto a los derechos y deberes de las personas, la Constitución política de Chile, en el artículo 19 contiene una amplia lista de derechos personales, libertades y garantías. Esta declaración es mucho más perfecta que cualquiera otra hecha en constituciones anteriores. Reconociendo que las personas tiene a lo menos 26 derechos y libertades.

Antecedentes



Toda constitución política es una ley que establece los derechos que tiene las personas y que el Estado debe respetar, además estblece los poderes públicos y a las autoridades, especialmente la forma en que estas se nombran o eligen, el tiempo que se desempeñan en sus cargos y las atribuciones y responsabilidades que se les asignan para el acertado cumplimiento de sus funciones.

Todos los Presidentes
de la Republica, desde el General Carlos Ibáñez en adelante, señalaron la absoluta necesidad en incorporar reformas y cambios profundos a las normas constituciones que les tocó vivir.

A pesar de las numerosos reformas que se hicieron a la constitución de 1925, la insatisfacción en general, pues sus preceptos habían ido perdiendo la debida integración y correspondía entre ellos, abriendo cada vez mayores posibilidades de vacíos y quiebres institucionales sin soluciones claras. Tales deficiencias se veían agravadas por las nuevas condiciones sociales y políticas que el mundo y el país estaban viviendo.

En septiembre de 1980, la junta de gobierno formada por los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el director general de Carabineros, convoco un plebiscito que aprobó una nueva constitución política para el país, dicha Comisión, de la exclusiva confianza de la Junta de Gobierno, estuvo integrada por siete miembros, presidida por Enrique Ortúzar Escobar. Esta constitución reemplazo a la constitución de 1925.

La Constitución de 1980 y Los Derechos Humanos: Comisiones y Reparaciones tras la violación a los Derechos Fundamentales del hombre.


El siguiente es un artefacto pedagógico, que nos permitirá trabajar contenidos acerca de la “Historia Constitucional de Chile”. En esta ocasión trabajaremos el tema “La Constitución de 1980 y Los Derechos Humanos: Comisiones y Reparaciones tras la violación a los Derechos Fundamentales del hombre” y se encuentra estructurado de la siguiente forma:


- Antecedentes


- Desarrollo


- Conclusiones


- Actividades